POLÍTICOS Y TRIBUNALES
.
Por Juan Pablo Cárdenas S. de RUCH
La aplicación de justicia se ha hecho una práctica muy relativa en nuestro país. Cada día cobramos certeza de que las sentencias dependen mucho de las impresiones de los jueces, de sus propias convicciones e intereses. A menudo ocurre que resoluciones de primera instancia son desbaratadas por las instancias superiores. Es corriente observar que incluso las más bulladas detenciones y procesamientos con el paso de los meses o los años derivan en sobreseimientos, prescripciones, condenas con remisión o demasiado discretas.
En estos días, los Tribunales llegan a fallos definitivos en procesos que, al momento denunciarse y caratularse, provocaron escándalo público y se advirtieron severas y ejemplares condenas. El país quedaba atónito del abuso de poder ante los sobresueldos que se repartieron algunos altos funcionarios de confianza, como de la forma en que la política recaudaba fondos públicos y privados para el financiamiento electoral o el enriquecimiento personal. Se inculpó a asesores, parlamentarios, ministros y otros que merecieron ser desaforados o suspendidos de sus cargos, los mismos que ahora reciben penas remitidas, sentencias de bajísima penalidad e, incluso, se les reconoce la posibilidad de retornar al “servicio público”.
De las mismas acusaciones, diligencias y condenas de los jueces instructores, la opinión pública se formó opinión de la existencia de faltas a la probidad que hasta llevaron a un destacado político a inferir que en los gobiernos y partidos de la Concertación imperaba una”ideología de la corrupción” que afectó la solvencia y credibilidad de instituciones y empresas del estado tan respetables como la propia Universidad de Chile. Procesos en que hasta se cuestionó la honra de los propios jefes de estado y en los cuales debimos lamentar hasta el suicidio de algunos operadores.
Al tenor de las supremas resoluciones, resulta que ahora debemos aceptar que se trató de faltas menores y, en algunos casos, de presunciones totalmente infundadas por lo que, muy probablemente, quienes fueron afectados por éstas reciban ahora la reparación moral o pecuniaria que se correspondería. No sería extraño, entonces, que desde La Moneda, el Parlamento, la prensa y los partidos se organicen toda suerte de desagravios de forma que la actividad política tan vilipendiada recupere su sitial de honor.
Sin embargo, estos nuevos “supremazos” dejan terribles dudas respecto de la idoneidad de los propios magistrados. Más allá de la consabida frase de que las resoluciones judiciales deben acatarse, al menos queremos hacer un par de descargos:
1.- No parece razonable tanta disparidad de criterio entre los distintos jueces e instancias de la Justicia especialmente en las causas de tanta connotación pública. Es más, pensamos que es en los jueces instructores y en la Corte de Apelaciones donde hay más tiempo y fundamento para investigar, formarse convicción y aplicar las sentencias más libres y ajustadas a derecho.
2.- Es en las instancias superiores de la Magistratura donde existe mayor vulnerabilidad para dejarse seducir por los otros poderes del estado e instancias de presión. Sabemos que las “razones de Estado”, la influencia de referentes intelectuales, como la posibilidad de recibir sobornos más de una vez han explicado sentencias bochornosas. Realidad que nos demuestra que la Justicia es, finalmente, tarea de seres humanos de epidermis y hueso, con bondades y miserias, aciertos y venalidades. Toda vez que en su tarea carecen de aquella autonomía tan demandada, cuando dependen de los presupuestos y promociones que se definen, caso a caso, en las instituciones integradas justamente por los políticos profesionales. Los que en la Cámara de Diputados se demuestran completamente incapaces de condenar los despropósitos de sus colegas corruptos.
